Ya son seis las provincias argentinas que aplicaron la medida de cero alcohol al conducir: Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos, pero se corre el riesgo de que otras provincias puedan llegar a adoptar medidas similares. En Capital Federal se sancionó una ley que no permite la publicidad callejera de bebidas alcohólicas, entre las que incluyen y no exceptúan al vino, y ya hay algunos que han anticipado la posibilidad de avanzar en ese tipo de campañas.
Algunas estimaciones indican que la caída en el consumo de vinos sólo por la aplicación de estas leyes ya llegó al 30%. Un número vacío si no se tiene en cuenta que detrás de cada punto que cae el consumo de vinos, cae una familia de pequeños productores, una finca en producción, el trabajo del trasladista, los ingresos de los cosechadores, el trabajo de los operarios de bodega; cada punto de caída es, en definitiva, un colapso para la economía regional más importante de Mendoza y San Juan, tocando también a La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro y Salta.
Es por eso que ayer 31 de enero de 2017, en La Enoteca de Mendoza, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) mantuvo una reunión con legisladores nacionales por Mendoza para definir la estrategia que seguirán las provincias vitivinícolas frente a dos leyes clave que afectan al vino argentino. Participaron del debate los diputados Alejandro Abraham, Guillermo Carmona, Graciela Cousinet, Luis Borsani y Luis Petri y la senadora Pamela Verasay, quienes estuvieron acompañados por sus asesores.
Frente a la inminente reglamentación y puesta en vigencia de la Ley 5.708 de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe la publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas en la vía pública y que pone en el mismo nivel al vino que al resto de las bebidas alcohólicas; y el tratamiento y debate de una modificación a la Ley Nacional de Tránsito (13.927) que terminaría aplicando la “Tolerancia Cero al consumo de alcohol”; dos normativas que perjudicarían fuertemente a la industria vitivinícola del país, la Coviar propone y gestiona las políticas necesarias para defender la actividad vitivinícola y a los miles de actores que en ella participan.
La presidenta de la Coviar, Hilda Wilhelm de Vaiaretti, expresó que “somos conscientes de que el vino tiene alcohol, pero no es justo equiparar al vino –fruto de nuestra cultura y única bebida alcohólica producida por una economía regional- con el resto de las bebidas alcohólicas que son productos industrializados. Nuestra preocupación es grande y real. Por cada punto de consumo que pierde el vino, cientos de productores quedan en el camino, son pueblos que quedan relegados. Esta industria del interior del país involucra a mucha gente que pone el alma para llevar el vino a la mesa de los argentinos».
A su vez, el diputado nacional por Mendoza Luis Petri (UCR) señaló que “la intención es presentar dos iniciativas: por un lado un proyecto de declaración, solicitándole a la Legislatura Porteña que revea el dictado de esta ley que regula la publicidad en la vía pública de las bebidas alcohólicas, exceptuando al vino por las características y la significancia que tiene como Bebida Nacional y como bebida alimentaria y, por otro lado, el pedido de modificación de un artículo de la ley que promueve al vino como Bebida Nacional estableciendo con precisión que la publicidad del vino no puede tener otras prohibiciones que las establecidas en la Ley de Lucha contra el Alcoholismo y en la Ley de Tránsito”. Además, Pretri expresó que “esto es necesario para evitar las asimetrías en las legislaciones de las distintas provincias. Creemos que hay que tener en cuenta que el vino es Bebida Nacional y lo que culturalmente significa para la Argentina y para el mundo”.
Todos los legisladores participantes de la reunión coincidieron en ponderar la importancia que implica la defensa del vino como producto de una economía regional que da trabajo a miles de personas y consensuaron la intención de sumar a los legisladores de todas las provincias vitivinícolas para actuar en conjunto, no sólo en el amparo frente a estas dos leyes prohibitorias, sino también en la necesidad de informar y educar a diputados, senadores y funcionarios de todo el país sobre los beneficios del consumo responsable de vino, no sólo para la salud (demostrado científicamente) sino también para la cultura y la economía de los argentinos y su rol de elemento de identidad y vehículo de proyección internacional del país.
Las leyes que perjudican a la industria vitivinícola.
La Ley 5708 que regula la publicidad de bebidas alcohólicas en la Ciudad de Buenos Aires fue aprobada en noviembre, por la Legislatura Porteña, a partir de la prohibición de los avisos en la vía pública, a excepción de aquellos carteles que contengan en un 75% de su superficie mensajes sanitarios que alerten sobre las consecuencias negativas del consumo en exceso. La iniciativa fue impulsada por los diputados socialistas Roy Cortina y Hernán Arce.
La Nación ya había regulado lo atinente a la publicidad de las bebidas alcohólicas en la Ley Nacional 24.788 de lucha contra el alcoholismo y tales disposiciones han sido contrariadas por lo establecido en la ley de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde su conocimiento, la Corporación Vitivinícola Argentina se manifestó en contra de esta ley y busca ahora el apoyo de los legisladores nacionales para evitar que normas similares se sancionen en diferentes puntos del país y a nivel nacional.
Por otra parte, “Tolerancia Cero” es la iniciativa presentada por el diputado Daniel Monfasani del Frente Renovador y busca aplicar la normativa “alcohol cero” para los conductores en la provincia de Buenos Aires. Se busca introducir modificaciones a la ley nacional de tránsito N° 13.927, a partir de la cual la provincia adhiere a las disposiciones generales de su homóloga nacional N°24.449, en lo que respecta a las normas que determinan la graduación alcohólica permitida para conducir. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la medida ya se aplica en Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos
Ante esta situación, los miembros y autoridades de COVIAR trabajan en proponer y gestionar las políticas necesarias para defender la actividad y a los miles de actores que en ella participan.
